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Varios dirigentes del Área Pública de CCOO se han encerrado este jueves en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en protesta por el plan de privatizaciones que el Presidente del Gobierno autonómico, Marcelino Iglesias, presentó ayer como medida para reactivar la economía. Entre otros aspectos, denuncian el impacto en empleo público de la adjudicación del mantenimiento y desarrollo de las carreteras autonómicas.
Dirigentes del Área Pública de CCOO –que engloba las Federaciones de Servicios y Administraciones Públicas, Sanidad y Servicios Sociosanitarios y Enseñanza– se han encerrado esta mañana en la cúpula de Cultura del Edificio Pignatelli para mostrar su rechazo a la utilización de la Colaboración Público-Privada, cuya fórmula consideran un modelo de privatización, como medida para reactivar la economía.
En el encierro participan dirigentes sindicales de las tres federaciones, así como los presidentes de los tres Comités de Empresa del Departamento de Obras Públicas de la DGA, en cuyo seno pretende llevarse a cabo la privatización de la red principal de carreteras de Aragón, que a su juicio supondrá un coste de 960 millones de euros más que efectuar la misma inversión mediante fórmulas convencionales.
El encierro, que ha comenzado a las 12:00 horas tiene una duración prevista de 24 horas, y concluirá mañana viernes a las 12 horas, momento en el que está prevista una concentración de delegados de CCOO en las puertas del Edificio Pignatelli como apoyo a los compañeros encerrados y para que el Gobierno de Aragón reconsidere sus actuales proyectos de privatización y abra un período de análisis, participación y debate sobre los modelos de gestión de los servicios públicos.
Adjuntamos Comunicado del Área Pública de CCOO en el que se explica detalladamente los motivos por los que considera que las privatizaciones no son la forma de reactivar la economía ni el empleo.
Según CCOO, en su discurso sobre el Estado de la Comunidad Autónoma, el presidente del Gobierno de Aragón ha vuelto a defender en su actual formulación el Plan de Depuración de Aguas y el Proyecto Red de carreteras, grandes inversiones en infraestructuras públicas destinadas a activar la economía y el empleo en el sector de la construcción. Ambos proyectos se basan en contratos de colaboración público-privado (CPP), a través de los cuales las empresas adjudicatarias se hacen cargo de anticipar la financiación de la construcción de las infraestructuras a cambio de una concesión para su explotación integral durante 20, 25, 30 ó 35 años.
CCOO considera necesario la realización de estas inversiones en infraestructuras, pero se opone a la utilización generalizada de esta fórmula entre otros por las inversiones mediante CPP resultan mucho más caras que el recurso a la deuda pública, sin que exista a día de hoy ninguna evidencia empírica de que el sobrecoste (que llega a multiplicar hasta por 5 el gasto real de producción del servicio) se vea compensado por una mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios públicos. CCOO ha estimado que el proyecto Red costará 960 millones de euros más que efectuar la misma inversión mediante fórmulas convencionales. Una depuradora biológica de gestión pública, como ha probado la experiencia del Ayuntamiento de Fabara, puede llegar a costar más de 100 veces menos que el modelo promovido por el Gobierno.
Así como por las experiencias habidas hasta la fecha en Aragón nos llevan, y debieran llevar a nuestras administraciones, a desconfiar de estas fórmulas. El fracaso económico, ambiental y laboral de la Depuradora de Zaragoza, de la multinacional francesa Veolia, cuyo modelo se reproduce, o el insatisfactorio desarrollo de la CPP en la red de carreteras nacionales debieran llevarnos a considerar otras alternativas.
Además, Aragón no tiene una situación de endeudamiento público que justifique recurrir a la CPP sin otra finalidad que el enmascaramiento contable del déficit. En su caso, abordar estos planes mediante inversión pública contablemente reconocida puede hacerse, a mucho menor coste y generando más y mejor empleo, dentro de los parámetros de las normas de estabilidad presupuestaria. Los aragoneses no tenemos por qué pagar (directamente a través de un canon abusivo del agua o indirectamente a través de nuestras haciendas públicas) el empeño del Gobierno de Aragón en presentarse como campeón en la lucha contra el déficit público enjugando con su esfuerzo el de otras Comunidades más ricas y más endeudadas.
Los proyectos de CPP pueden ofrecer resultados –en términos políticos- a corto plazo, pero a costa de hipotecar durante muchos años las finanzas públicas, disminuyendo su capacidad inversora y de gasto corriente. Al asumirse importantes compromisos a muy largo plazo con las concesionarias, los próximos gobiernos no tendrán margen de maniobra para definir otras prioridades o adaptarse a las nuevas necesidades sociales que se planteen. Si se produjera una situación de recesión económica, cosa probable, para poder hacer frente a sus obligaciones sin incumplir las normas de estabilidad presupuestaria, los gobiernos deberán reducir el gasto social.
Por más seguridades que el Gobierno pretenda ofrecernos, el futuro del empleo público en los sectores que se privatizan está amenazado. Por supuesto que no se van a producir despidos a corto plazo, pero resulta evidente que un servicio público cada vez más desprovisto de funciones y presupuesto difícilmente se sostendrá en el futuro.
Sentado este precedente, ya no habrá ningún obstáculo para generalizar el avance hacia una completa mercantilización de los servicios públicos que afectará –como ya se está haciendo en otras Comunidades- a la sanidad, a la educación o los servicios sociales. Para CCOO, la conversión del gasto público en negocio para unos pocos es una seria amenaza a la sostenibilidad y calidad del sistema de bienestar social que, como sindicato de clase, estamos decididos a denunciar y combatir.
En opinión de CCOO hay alternativas más baratas y viables, y el Gobierno debiera valorar todas las posibilidades antes de optar por sistemas que en la práctica no tienen reversibilidad posible e introducen de cara al futuro serios riesgos e incertidumbres. Por ello pedimos al Gobierno que reconsidere sus actuales proyectos y abra un período de análisis, participación y debate, con la presencia de todos los sectores implicados, sobre el futuro de nuestra red de transporte y del modelo de gestión del agua.
