 | |
| Reunión de la segunda Comisión de Bilateral | |
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha transmitido la urgencia de buscar soluciones a la deuda y de impulsar las infraestructuras viarias e hidráulicas que requiere la Comunidad en aplicación del nuevo Estatuto de Autonomía. Biel y la ministra Salgado han presidido la segunda Comisión de Bilateral de Cooperación Aragón-Estado.
El Gobierno de Aragón ha trasladado esta mañana al ejecutivo central las reivindicaciones que mantiene en materia económica, de infraestructuras viarias e hidráulicas, en seguridad ciudadana y justicia, en el seno de la Comisión Bilateral Aragón-Estado que se ha reunido esta mañana en Madrid. Biel ha asegurado que «no vamos a aceptar en ningún caso un frenazo al desarrollo del Estatuto de las Autonomías» e igualmente se ha preguntado porqué a otras autonomías como a la Andaluza se le transfieren competencias similares a las que está solicitando Aragón, en referencia a la gestión del Guadalquivir. El vicepresidente Biel, ha manifestado que «igual que el Parque Nacional de Ordesa se transmitió a la Comunidad Autónoma se conseguirán las obras del Pacto del Agua y la reserva hídrica de 6500 hectómetros cúbicos, sólo es cuestión de paciencia».
La segunda reunión de la comisión tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía tampoco ha permitido un avance sustancial en el desarrollo estatutario como pretende el ejecutivo aragonés desde hace un año. Durante 2008, distintos departamentos del Gobierno aragonés han entregado propuestas de desarrollo estatutario a sus respectivos ministerios sin que se hayan logrado avances significativos, lo que ha quedado de manifiesto en el encuentro de hoy. Así se lo ha manifestado el vicepresidente José Ángel Biel a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, a la que ha entregado copia de todos los borradores de convenios trabajados durante 2008 para exigir al Gobierno central un mayor compromiso en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón, norma básica del cuerpo constitucional de obligado cumplimiento para los poderes públicos.
La reunión también ha permitido que el vicepresidente recuerde a la ministra la necesidad de alcanzar un acuerdo político que compense a la comunidad autónoma por las mermas tributarias que acumulan un déficit cercano a los 700 millones de euros. Hasta que dicho acuerdo se alcance, el ejecutivo aragonés mantendrá su demanda en los tribunales ordinarios de Madrid.
Además del conflicto de las mermas, el Gobierno de Aragón ha reclamado al central una solución que garantice la ejecución de la A-40 entre Teruel y Cuenca y que posibilite la conexión de la capital bajoaragonesa con Madrid, el desdoblamiento urgente de la N-232 y N-2, el traspaso de la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos, la firma de convenios que posibiliten la ejecución de las obras del Pacto del Agua, la ampliación de competencias y efectivos de la Unidad Adscrita de Policía Nacional, la ampliación de medios materiales y económicos para Justicia y el Parque Nacional de Ordesa.
Igualmente ha reivindicado el traspaso de algunas competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma y que todavía ostenta el Estado como la formación continua profesional, la declaración de utilidad pública de asociaciones con la aplicación de beneficios fiscales, las comunicaciones electrónicas y las autorizaciones de trabajo de extranjeros, competencias trasferidas a Cataluña durante 2007.
Gestión de la reserva hídrica y convenios de ejecución de obras hidráulicas
Uno de los asuntos que provocó la suspensión de la pasada comisión bilateral prevista para julio del año pasado, fue la negativa del ministerio de Administraciones Públicas a incluir en el orden del día la reivindicación aragonesa de asumir la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos procedentes del Ebro, tal y como establece nuestro Estatuto de Autonomía en su disposición adicional quinta.
La reunión de hoy ha permitido que el Gobierno aragonés traslade al ministerio la reclamación de dicho derecho estatutario que ha sido solicitado por unanimidad en las Cortes de Aragón el pasado mes de mayo. Un mes más tarde, desde la vicepresidencia del Gobierno de Aragón se remitió al ministerio una propuesta de acuerdo similar a la aprobada para Andalucía y un informe jurídico que demuestra que la Unión Europea y la Constitución amparan el hecho de que exista diversos gestores en una misma cuenca hidrográfica sin que se altere la unidad de planificación, la unidad de la cuenca. De hecho, el mismo Ministerio de Administraciones Públicas aceptó el año pasado el traspaso de la gestión del 95% de la cuenca del Guadalquivir a Andalucía y desde hace meses negocia con la Junta de Castilla-León el traspaso del Duero, río con aprovechamiento de dos países.
La delegación aragonesa ha señalado que se trata de un derecho estatutario al que no puede negarse el gobierno central. Dando cumplimiento a la citada proposición no de ley de las Cortes y amparado en el artículo 77 de nuestro Estatuto y en el Protocolo firmado entre el departamento de Medio Ambiente y el ministerio de Medio Ambiente en 1997, el Gobierno de Aragón ha reclamado hoy al ministerio la firma de convenios que posibiliten al ejecutivo regional realizar obras de interés general en materia hidráulica bajo financiación del Estado. Como ejemplo, el vicepresidente Biel ha entregado un borrador de convenio remitido el pasado mes de septiembre al ministerio de Medio Ambiente, del que todavía no se ha obtenido respuesta y en el que se proponía que fuese el Gobierno de Aragón quien ejecutase las obras de las balsas laterales reguladoras del río Gállego, fijando un calendario de ejecución y financiación de las mismas.
El Estatuto de Autonomía de Aragón permite a la Comunidad Autónoma ejecutar obras de interés general del Estado mediante convenios entre los dos gobiernos, manteniendo la titularidad estatal. Esta fórmula permitiría adelantar los plazos habituales del ministerio que provocan una baja ejecución presupuestaria.
Unidad de Policía Adscrita
Otra de las cuestiones abordadas en la reunión de hoy, sin acuerdo concreto, ha sido la ampliación de competencias y de efectivos de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma cuyo convenio de creación se remonta a mayo de 2005. El Gobierno de Aragón, a través de la comisión de seguimiento del acuerdo ha reclamado ya en varias ocasiones la necesidad de ampliar las competencias de los agentes trasferidos que en la actualidad prestan servicios de custodia de edificios públicos y vigilancia y protección de personas. En este sentido, el ejecutivo aragonés ha reiterado su interés por asumir competencias recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía como menores, juego o espectáculos públicos, competencias que deberían ir ampliándose con nuevas atribuciones en medio ambiente, urbanismo, protección de patrimonio o inspecciones industriales, entre otras.
En junio del año pasado, el Gobierno de Aragón entregó un borrador de convenio para revisar el anterior en el que se asumían nuevas competencias por parte de la comunidad autónoma, mientras que el Estado accedía a ampliar hasta 250 los efectivos, frente a los 116 de la actualidad, sobre el cual, aún no se ha pronunciado el gobierno central.
Biel ha recordado a la ministra que nuestro Estatuto de Autonomía permite a la Comunidad Autónoma contar con un cuerpo de Policía Autonómica. En este sentido, la delegación aragonesa ha puesto de manifiesto la situación de otras comunidades en análogas circunstancias como Andalucía, Galicia o Valencia que cuentan con 700, 407 y 380 efectivos respectivamente y con mayores competencias, lo que redunda en una mayor operatividad y eficacia del cuerpo.
Infraestructuras carreteras de titularidad estatal en Aragón
Los artículos 71 y 89 del Estatuto de Autonomía de Aragón establecen que nuestra comunidad, a través de su gobierno, deben de participar en el diseño y planificación de las infraestructuras estatales que discurran por la comunidad, algo que no se ha tenido en cuenta al descartar la construcción de la A-40. Por eso, el Gobierno de Aragón ha reclamado la participación en el diseño del trazado que haga posible la construcción de dicha vía salvando los condicionantes ambientales.
También se ha dado traslado a los acuerdos de las Cortes urgiendo el desdoblamiento de la N-232 desde Mallén hasta Figueruelas y su continuación desde La Cartuja hasta el límite de la provincia de Tarragona, en el Bajo Aragón.
La tercera infraestructura fundamental para el ejecutivo aragonés es el desdoblamiento de la N-2, hasta cuya consecución debería garantizarse la liberalización posible por parte del Estado. Biel ha reiterado a la ministra la oferta de asumir la ejecución de dichas infraestructuras tras la firma de los correspondientes convenios que garanticen su financiación, como en el caso de las obras hidráulicas.
Negociación de nuevos traspasos
Tras el primer año de gestión de la administración de Justicia se han detectado una serie de alteraciones de las previsiones contempladas en el acuerdo de traspaso, en concepto de desfases en materia de personal y de gasto corriente, que ascienden a una cuantía anual de 7,4 millones de euros sobre la valoración inicial de 49 millones de euros, al margen de las inversiones necesarias para acondicionar las instalaciones judiciales de la comunidad.
En la reunión de hoy, el gobierno aragonés ha reclamado el inicio de la negociación de traspaso de algunas competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma y que ya han sido trasferidas a otras comunidades como Cataluña o Andalucía, relativas a comunicaciones electrónicas, inmigración, declaración de utilidad pública de asociaciones o formación continua profesional. Dichas trasferencias ya estaban incluidas en un documento de trabajo que el Gobierno de Aragón entregó hace un año y en el que fijaba sus prioridades en el desarrollo estatutario.
Por otra parte, en la reunión de hoy se ha aprobado el reglamento de funcionamiento de la comisión, cuya presidencia pasa a ostentar, desde mañana el Gobierno de Aragón. La periodicidad de las reuniones será, como mínimo, semestral.
